Informe 2010

Empresarios, gobernantes y legisladores de América Latina y España analizan en profundidad la relación entre los gobiernos y las empresas en el segundo estudio elaborado por LLORENTE & CUENCA.


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Desigual flujo de intercambio de información

El 24% de los empresarios encuestados de los ocho países objeto del estudio demanda un mayor flujo de información para conocer las políticas de los gobiernos, mientras que sólo el 17,5% de los gobernantes y políticos reconoce tener un conocimiento entre nulo y escaso.

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Percepción crítica de las políticas económicas

El 41% de los empresarios y el 40% de los gobernantes y políticos sostienen que la aceptación es regular, lo que además complementa el hecho de que entre los empresarios hay un 27% que la reconoce baja y un 8% muy baja, y entre los gobernantes y políticos un 16% la señala baja y un 3% muy baja.

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Discrepancias sobre la influencia en la política económica gubernamental

El 71,5% de los empresarios consultados en América Latina y España pone de manifiesto que los gobiernos no tienen en cuenta los criterios empresariales a la hora de elaborar las políticas económicas. En el estudio de 2009 la cifra de empresarios se elevó al 77%.

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Margen de mejora en la construcción de confianza

Tanto empresarios como gobernantes y políticos reconocen que la confianza que la política de los gobiernos genera en las empresas es susceptible de alcanzar unos resultados más satisfactorios. Los empresarios consultados tienen un 74% de contestaciones en las opciones regular, escasa y nula.

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Voluntad de apoyo mutuo

La opción regular, tanto para empresarios como para gobernantes y políticos, es la más utilizada por los encuestados al valorar el apoyo de los gobiernos de los países al sector empresarial y del sector empresarial a las actividades de los gobiernos. Los empresarios en un 40% y los gobernantes y políticos en un 38% así lo consideran.

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Las políticas exteriores se mantienen distantes de los intereses empresariales

Los empresarios (68,5%) y los dirigentes políticos (54%) consultados en los ocho países perciben en proporciones mayoritarias que las políticas exteriores de los gobiernos no prestan el apoyo necesario a las empresas. En la consulta de 2009 los empresarios opinaron en la misma línea en una proporción del 79% y los gobernantes y políticos en un 60%. Se observa cierta variación al respecto.

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La seguridad jurídica sigue siendo el mayor problema para las empresas

El 72,5% de los empresarios latinoamericanos se instala en las respuestas regular, baja y muy baja al evaluar la seguridad jurídica de la empresas, un 1,5% menos que en 2009, pues el año pasado el 74% de los empresarios latinoamericanos consultados se mostraba disconforme con la seguridad jurídica que generaban los gobiernos en la actividad empresarial.

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Piden más a las empresas en Responsabilidad Social Corporativa

Tanto los empresarios como los gobernantes y políticos encuestados apuntan la contestación regular como la más utilizada al calificar la contribución de las empresas en sus países en materia de responsabilidad social corporativa: un 34% de empresarios y un 35% de gobernantes y políticos. Al sumar las opciones regular, baja y muy baja, el 69% de los empresarios contestan en esos rangos, por un 72% de los gobernantes y políticos.

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A favor de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea

El 63,5% de los empresarios consultados apuesta por una valoración entre alta o muy alta a la hora de ponderar la importancia de que la Unión Europea y los países o comunidad de países latinoamericanos suscriban acuerdos de libre comercio. Hay que destacar un 24% de respuestas en la opción no sabe/no contesta.

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Medidas fiscales y laborales para afrontar la situación económica

El 36% de los empresarios consultados destaca la necesidad de acometer medidas fiscales con cierta urgencia de cara a afrontar la situación económica en su país, un 35% medidas en el mercado laboral y un 12% medidas en la política social. Los gobernantes y políticos, sin embargo, reconocen en un 36% que las medidas en el mercado laboral son la primera opción para afrontar dicha situación económica en su país, seguida de medidas fiscales (25%) y de medidas en política social (23%).

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